¿Justicia inmanente?

Rafael Storni

 

 

 

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MESA REGIONAL DE ESCRITORES "JUAN PABLO AMPUERO"

 

 

No sé si tenga lucidez para contarlo. Han pasado treinta y siete años desde aquel episodio.  Lo que me apresuro a consignar es que no me caben los rencores, pese a que otrora los acogí. 

Quizá si se trate de lo que algunos mencionan como justicia inmanente al orden social. Desde que ocurrió lo que contaré, fueron muchos los datos que me llegaron acerca de lo ocurrido. Y me convertí en un adolescente atormentado por el odio.

En 1976, era párroco de Llo-Lleo el actual obispo emérito de Antofagasta, monseñor Patricio Infante Alfonso. Mi padre –cuyo nombre no daré por razones que podrán ser entendidas al final de este relato– era abogado y prestaba servicios voluntarios en la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica. Mi familia vivía en uno de los barrios acomodados del balneario de Llo-Lleo. Yo, que entonces tenía once años de edad, era el mayor de cuatro hermanos.

Mi padre frecuentaba la parroquia que dirigía el padre Infante. En realidad, no por motivos de fe religiosa, sino por colaborar en la búsqueda de personas que habían sido detenidas por las autoridades militares. San Antonio, el puerto adyacente a Llo-Lleo, había sido llamado Puerto Rojo por el coronel Manuel Contreras, cuando era director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.

No se puede desconocer que Contreras tenía razón. La casi totalidad de los trabajadores portuarios de San Antonio eran gente de izquierda y de extrema izquierda. Después del 11 de septiembre de 1973, fueron muchos los que murieron en circunstancias no aclaradas o fueron recluidos y torturados por los militares.

Mi padre era generoso. Sin que nadie se lo pidiera, se puso a disposición de la Vicaría de la Solidaridad y, usando su investidura y su habilidad de abogado, consiguió dar con el paradero de muchos de los detenidos e informó a sus familiares. Pero se iba haciendo cada vez más antipático ante los militares y ante las personas que justificaban todo lo que los militares hacían.

Era curioso. La radio “Sargento Aldea” de San Antonio, dirigida por un señor de apellido Figueroa, declarado y entusiasta partidario de la Junta Militar de Gobierno, entrevistaba semanalmente a mi papá. A veces, dos y tres veces a la semana. Y se le preguntaba por sus gestiones en beneficio de los detenidos políticos. Y mi papá hablaba sin tapujos. Fue así que se hizo conocido en todo el Litoral Central, lo que significa entre Algarrobo y Rocas de Santo Domingo.

A ver, mis eventuales lectores deberán permitirme una disquisición. A esta altura, pienso, una de dos: Figueroa era tonto de capirote o había recibido instrucciones de hacer picar a mi papá. No sé con cuál de las dos alternativas quedarme; por lo demás, no me parece importante.

Lo que sí importa es que mi padre, como lo dije, se convirtió en menos de un año en enemigo declarado de la Junta Militar de Gobierno.

Ocurrió el 13 de octubre de 1976. Eran las 9 de la noche. Estábamos en nuestra casa. Mi papá fumaba un cigarro cubano y paladeaba un coñac. Mi mamá leía un libro de José Donoso (me parece que era El Lugar sin Límites). Yo trataba de reproducir en el tablero un partido mundial de ajedrez. Mis hermanos se aburrían ante el televisor encendido. Cada cinco minutos, mi mamá nos mandaba, a mis hermanos y a mí, que nos acostáramos ya que al día siguiente íbamos todos al colegio. De repente se escucharon voces en la reja de entrada que repetían el apellido de mi papá. Con desgano, él se levantó de su sofá predilecto y abrió la puerta del living. “¿Qué desean?”, les preguntó. Eran cinco hombres. Contestaron que querían exponerle un tema de derechos humanos. Mi papá les dijo que tendría el mayor gusto en recibirlos en su oficina de abogado al día siguiente, pero que ahora estaba descansando. Los hombres le replicaron que era urgente, que se trataba de una persona en peligro de muerte.

Como dije, mi papá era muy generoso; tomó la llave de la puerta de la reja de entrada y salió a abrirla. De inmediato, se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo con los pies y con fierros forrados en goma. Le fue imposible escabullirse. Mi madre comenzó a gritar desesperada. Yo busqué algún objeto contundente; como no lo encontré, corrí hacia el grupo. Mi padre estaba en el suelo y tenía la cara ensangrentada. Fui recibido con un puntapié en el estómago que me dejó sin respiración y me elevó en el aire. Le siguieron pegando a mi padre, a la vez que lo insultaban. La golpiza duró quizá si un par de minutos más. Mi mamá había llamado a los carabineros. Se hizo presente un radio patrulla, pero se quedó esperando a unos veinte metros de la reja. Los hombres se subieron a un vehículo utilitario y se marcharon. Sólo entonces se hizo presente un suboficial de Carabineros y le preguntó a mi mamá qué había pasado. Ella no quiso contestar. Al día siguiente me dijo que los pacos estaban de acuerdo con los hombres que golpearon a mi padre.

Bueno, las lesiones de mi padre, según el informe evacuado por el hospital de San Antonio, fueron traumatismo toráxico abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado, luxación de ambos hombros y cadera y una fractura doble en el antebrazo derecho. Estuvo en reposo absoluto durante más de dos meses y hubo que alimentarlo con sondas. La cara le quedó desfigurada. La denuncia de la cruel agresión, planteada ante el Juzgado del Crimen de San Antonio, no condujo a ninguna parte. El mismo Cardenal Raúl Silva Henríquez intervino ante el Ministerio del Interior, donde se le dijo que nada se sabía de lo ocurrido aquella noche del mes de octubre de 1976.

Hablé de justicia inmanente. No sé si el concepto sea adecuado, pero no tiene demasiada importancia.

Yo quedé bloqueado. Me costó mucho recordar lo sucedido. Los comentarios menudearon en Llo-Lleo y San Antonio. Obviamente, los simpatizantes de la dictadura decían que mi papá se había buscado la golpiza. Más de alguien dijo que se había tratado de un ajuste de cuentas por manejos leguleyos. Se habló también de delincuentes comunes. Muy pocos se atrevían a decir que la golpiza fue obra de los militares.   

Diez años después, recibí una carta anónima, muy bien redactada. Yo estaba en tercer año de la carrera de derecho en la Universidad Gabriela Mistral. Se me decía que mi padre fue golpeado por un equipo de la DINA, directamente enviado a Llo-Lleo por el coronel Manuel Contreras, luego que el coronel-director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, que se llamaba Julio César Bravo Valdés, le pidiera escarmentar a mi padre para que no siguiera entorpeciendo la labor de la Gobernación de San Antonio, a cargo del mismo coronel Bravo.

La carta precisaba que era especialmente lamentable que Bravo, un militar muy cristiano, haya recurrido a semejante manera de hacer callar a mi papá. Decía también que Bravo no era especialmente cercano a Contreras, pero que le interesó hacerle notar al jefe de la DINA que aprobaba sus métodos. Al respecto, la carta acotaba que a los militares de alta graduación sólo les interesa despejar el camino para llegar al grado de general y, en ese contexto, que en aquellos días había que estar bien con el todopoderoso Manuel Contreras Sepúlveda para satisfacer tal propósito.

La verdad es que nunca sabré si creer o no en la plena veracidad de esa carta. Me he inclinado a pensar que es verídica en lo medular. Señalaba, además, que el hombre que me pateó en el estómago se llamaba Orlando Leyton Robles, que tenía el grado de soldado primero. E indicaba que Leyton fue asesinado con gas sarín por los jefes de la DINA cuando, algunos años después, mencionó la posibilidad de contar la verdad acerca de lo que pasó con un frustrado operativo de la DINA que fue desbaratado por Carabineros.

Es posible que la justicia inmanente exista. Como dije, no lo sé.

A mí me marcó aquel episodio. Frecuenté varios psicólogos cuyas recomendaciones me sirvieron de nada. Para el común de las personas, yo era normal, pero arrastraba el trauma de aquella noche del 13 de octubre de 1976.

Mi padre murió cuando yo estaba a punto de prestar juramento como abogado. En 1990 se le presentó un cáncer hepático. Sin que nadie me lo haya dicho, puedo jurar que fue consecuencia de las lesiones que le produjo la golpiza. En fin, prefiero creer que eso carece de importancia; como lo dije, si bien acogí rencores durante un largo tiempo, no los tengo ahora.

No los tengo, pese a que renuncié a ser abogado. Desde que se fue mi papá, la vida se me hizo incomprensible. No quise seguir viendo a mis hermanos ni me hice cargo de las protestas y llantos de mi madre cuando me veía llegar en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas.

En el marco de una vida disipada y absurda, me convertí en homosexual y me asumí como tal. A pesar de que no me pesa esa condición, busco la oportunidad exacta para suicidarme.

¿Por qué no pensar que mi muerte será otra forma de justicia inmanente?